La comunidad internacional debe tomar medidas sobre las armas químicas: artículo de Boris Johnson
En una tribuna publicada en diversos medios alrededor del mundo, el ministro de Asuntos Exteriores hace un llamamiento a la comunidad internacional para reforzar y proteger la prohibición mundial al uso de armas químicas.
Al igual que ocurre con la arquitectura y el arte, el valor de algunos acuerdos internacionales depende de quien los observe. Pero nadie osaría cuestionar seriamente el valor de la prohibición global que pesa sobre las armas químicas.
Ciento noventa y dos países han dejado a un lado sus diferencias y han decidido formar parte de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), que prohíbe la fabricación, el uso y el almacenamiento de esos horribles instrumentos de muerte.
Quizá nos resulte imposible abolir la guerra, pero al menos podemos ponernos de acuerdo para salvar a la humanidad de los atroces efectos de estas municiones.
Este consenso universal sobre la abominación moral que suponen las armas químicas refleja la trágica experiencia de muchos países. Las armas químicas fueron utilizadas en Francia y Bélgica durante la Primera Guerra Mundial; infligieron un sufrimiento atroz en Marruecos en la década de 1920, en Etiopía en los años 30, en China en los años 40 y en Irán e Irak en los años 80.
Esta lista—que ni mucho menos está completa— debía de haber llegado a su fin, de una vez por todas, con la entrada en vigor de la CAQ en 1997. Sin embargo, desde entonces, las armas químicas se han vuelto a utilizar en Siria e Irak. En 2017, se empleó un agente nervioso para llevar a cabo un asesinato en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en Malasia. En marzo de este año, se utilizó otra categoría de agente nervioso en la ciudad catedralicia británica de Salisbury.
Sería inútil fingir que esas atrocidades no afectan en absoluto a la integridad de la CAQ. Todas ellas representan incumplimientos de la prohibición global relativa a las armas químicas que todos los países desean conservar.
De ahí la necesidad de celebrar una sesión especial de la Conferencia de Estados miembro de la CAQ, que va a tener lugar en La Haya el 26 y el 27 de junio. El objetivo consiste en reforzar la prohibición internacional y fortalecer a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que actúa como brazo ejecutor de la Convención.
La OPAQ no tiene un mandato para decir quién llevó a cabo ataques con armas químicas en Siria. Sus expertos pueden informar de lo que ocurrió dónde y cuándo, pero no identifican al autor.
La comunidad internacional perdió esa capacidad el pasado mes de noviembre cuando el Consejo de Seguridad no renovó el mandato de un Mecanismo Conjunto de Investigación integrado por la OPAQ y la ONU. Anteriormente, ese órgano había atribuido cuatro ataques con armas químicas al régimen de Asad en Siria y dos al Dáesh.
Desde entonces, la OPAQ ha descubierto que se utilizaron armas químicas en Siria, en las localidades de Ltamenah (marzo de 2017) y Saraqib (febrero de 2018). Pero la pregunta crucial de quién fue el responsable continúa sin respuesta.
¿Cómo vamos a mantener lo que todos creíamos que era un tabú universal sobre el uso de las armas químicas si la OPAQ no identifica a los infractores? La situación actual mantiene la ficción de que las armas químicas caen del cielo por iniciativa propia, sin que medie agente o autor alguno.
Si permitimos que esta anomalía continúe, cualquier Estado o terrorista podría utilizar armas químicas, con la seguridad de saber que la OPAQ no los identificará. El peligro es que nombrar a las personas responsables se convierta en un tabú.
La mejor respuesta sería aprovechar plenamente las disposiciones ya estipuladas en la CAQ, que permiten que la OPAQ pueda establecer no solo si se han utilizado armas químicas, sino también quién lo ha hecho.
Espero que la sesión especial en La Haya otorgue a la OPAQ un mandato para desarrollar nuevas propuestas sobre cómo identificar cualquier incumplimiento de la Convención.
No se trata de elegir bandos en una confrontación mundial, sino simplemente de decidir si vamos a mantener la prohibición de una categoría terrible de arma o permitir que esa prohibición quede relegada a la irrelevancia, suponiendo así un riesgo grave y creciente para todos los países.
Si permitimos que se normalice el uso de las armas químicas, estas no quedarán limitadas a campos de batalla lejanos. Lo que ocurrió en Salisbury o en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur podría haber ocurrido en cualquier lugar.
Todos compartimos el interés de conservar y hacer cumplir una prohibición de la que depende nuestra seguridad. Y no podemos hacer eso a menos que la OPAQ pueda nombrar a un infractor.